Los legisladores de Arkansas están tomando medidas para introducir regulaciones más estrictas para las operaciones de minería de criptomonedas en el estado. El Senado de Arkansas recientemente votó a favor de dos proyectos de ley, SB78 y SB79, que buscan aumentar el control sobre las minas de criptomonedas.
El SB78 aborda las preocupaciones relacionadas con la contaminación acústica causada por las operaciones mineras. El proyecto de ley establecería límites de ruido para las minas de criptomonedas, con el objetivo de reducir la posible interrupción a las comunidades cercanas. Además, el SB78 busca evitar que empresas extranjeras sean propietarias de instalaciones mineras, asegurando el control local sobre la infraestructura.
Para reforzar la autoridad del gobierno local, el SB78 permitiría a las administraciones municipales aprobar sus propias ordenanzas que regulen la minería de criptomonedas dentro de sus jurisdicciones. Este enfoque permite una regulación más específica y localizada que tenga en cuenta las necesidades y preocupaciones específicas de las comunidades individuales.
Tanto el SB78 como el SB79 han sido aprobados por el Senado de Arkansas y procederán a la Cámara Estatal de Arkansas para su posterior deliberación. Si bien intentos anteriores de imponer requisitos más estrictos a las minas de criptomonedas han encontrado resistencia, el clima actual demuestra un creciente ímpetu por la supervisión regulatoria.
Arkansas ya alberga minas de criptomonedas existentes en DeWitt y en la comunidad de Bono cerca de Greenbrier. Sin embargo, una empresa de otro estado ha expresado interés en establecer una nueva instalación minera cerca de Harrison, lo que ha provocado más atención y escrutinio por parte de los legisladores estatales.
A medida que la minería de criptomonedas continúa ganando prominencia, es crucial que los gobiernos y las autoridades locales logren un equilibrio entre apoyar los avances tecnológicos y salvaguardar los intereses de sus comunidades. La legislación propuesta en Arkansas representa un cambio hacia una regulación más sólida, reconociendo la necesidad de un crecimiento responsable y sostenible en el sector de la minería de criptomonedas.